El Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado le exigió al Gobierno nacional que se abstenga de implementar en el Estado un proceso evaluatorio destinado para contratados/as (Sistema de Evaluación Pública – SEP) “viciado de origen y plagado de irregularidades”. 

“Hasta el momento el SEP no se encuentra reglamentado ni tiene un sostén normativo específico más allá de la información de carácter general vertida a través del sitio https://www.argentina.gob.ar/sistema-de-evaluacion-publica -dentro del ámbito de incumbencia del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado-”, esgrime ATE.

La nota dirigida al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señala los puntos más críticos de la implementación del Sistema de Evaluación Pública (SEP). 

El documento denuncia la reprecarización que ya padecen los y las trabajadoras estatales que desde hace décadas cumplen sus tareas bajo vínculos laborales irregulares, desde que asumió Milei con contratos que son revisados de manera trimestral. “La idoneidad de los/as estatales ya está demostrada, y esta evaluación la desconoce”, resalta la nota. 

Asimismo, el escrito remarca la falta de garantías del proceso, “respecto a la integridad y seguridad de los medios y soportes digitales que se utilizarán para realizar la evaluación, como tampoco de su manejo fiable y transparente y de los datos personales de los/as trabajadores/as involucrados/as”. 

Acá podés leer el contenido completo de la nota y las consideraciones expuestas: 

En nombre y representación del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), asociación sindical de primer grado, con personería gremial N° 2 y domicilio legal en Av. Belgrano 2527 de esta ciudad, nos dirigimos a usted a los efectos de reclamar que se abstenga de implementar el Sistema de Evaluación Pública (SEP) por estar viciado de origen y plagado de irregularidades. 

Que tanto el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto 214/06 como los convenios colectivos de trabajo sectoriales que del mismo dependen, junto con la normativa específica vigente en materia de empleo público, contemplan sistemas, metodologías y herramientas para la selección de personal y la evaluación del desempeño laboral de los/as trabajadores/as. 

Que el Decreto 695/24 reglamentario de la Ley 27742 instaura una Evaluación General de conocimientos y competencias, como condición previa al ingreso de personal en la Administración Pública Nacional. Sin embargo, los/as trabajadores/as que pretenden ser evaluados/as no son ingresantes, sino que la inmensa mayoría vienen prestando tareas para el Estado desde hace décadas bajo vínculos laborales precarios, y con este Gobierno padecen una reprecarización ya que cada trimestre sus puestos de trabajo están bajo la lupa de una revisión contractual por decreto, que motivan despidos injustificados. Son años y años de competencias, habilidades y capacidades laborales ampliamente comprobadas, la idoneidad de los/as estatales ya está demostrada, y esta evaluación la desconoce.

Que hasta el momento el SEP no se encuentra reglamentado ni tiene un sostén normativo específico: más allá de la generalidad del Decreto 695/24, lo único disponible y de público conocimiento es lo volcado en Internet a través del sitio https://www.argentina.gob.ar/sistema-de-evaluacion-publica -dentro del ámbito de incumbencia del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado-, que incluso la información allí vertida sufrió modificaciones desde su publicación inicial hasta la actualidad. No hay precisiones respecto de ninguno de sus componentes: universo abarcado, constitución de las orientaciones de examen, distribución de ejes temáticos, cantidad de preguntas, criterios de aprobación, manuales de procedimientos, materiales y guías de estudio concretas -no “indicativos/as”-, etc. Esto se encuentra llevado a cabo y promueve una peligrosa ausencia de transparencia.

Que tampoco hay garantías respecto de la integridad y seguridad de los medios y soportes digitales que se utilizarán para realizar la evaluación, como tampoco de su manejo fiable y transparente y de los datos personales de los/as trabajadores/as involucrados/as. No existe ninguna constancia respecto de los estándares tecnológicos que se aplicarán para la infraestructura y software que el SEP requeriría. 

Que no hay información oficial sobre la logística por aplicarse y que requiere la implementación de una evaluación de la magnitud anunciada, que involucra a trabajadores/as del AMBA de la Administración Pública Nacional -con toda su extensión territorial, complejidad y diversidad de funciones-. 

Que el 10 de diciembre próximo se cumplirá 1 año de gobierno bajo la presidencia de Javier Milei. Desde ese momento y hasta ahora todas las políticas en materia de empleo público no hicieron más que perjudicar a los/as trabajadores/as estatales: despidos masivos sin criterio ni justificación alguna para desguazar el Estado; devastación del salario sin antecedentes en la historia, arrojando decenas de miles de compañeros/as a la pobreza e indigencia; vulneración de la carrera mediante el desmantelamiento y paralización de la capacitación; jubilaciones compulsivas de personal altamente valioso para el Estado, que reúne memoria institucional; ataques al derecho a huelga con el “protocolo antimovilización” de Bullrich y el descuento salarial para quienes adhieren a medidas de fuerza; entre muchas otras. 

Que con ese historial de asedio permanente, y en este estado de situación, de desconocimiento de la norma, ausencia de transparencia, desmanejo e improvisación, el SEP aparece como un instrumento destinado a perjudicar a los/as trabajadores/as del Estado. 

Que por todas las consideraciones expuestas anteriormente reclamamos la anulación del Sistema de Evaluación Pública (SEP) y que se abstenga de implementarlo en el Estado nacional. 

Sin más, aprovechamos la oportunidad para saludarlo cordialmente.

POR EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA

ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO

Rodolfo Aguiar, Secretario General

Mercedes Cabezas, Secretaria Adjunta 

Flavio Vergara, Secretario de Convenios Colectivos de Trabajo