Las y los brigadistas combatientes de incendios forestales de Parques Nacionales y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego -del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación- se encuentran en estado de alerta ante la falta de atención a sus reclamos salariales y de condiciones laborales. 

“El salario no alcanza, el régimen de retiro no se trata en el Congreso y el pase a planta permanente está estancado”, expresaron desde el sector que en 2021 consiguió tras años de luchas, resistencias y debates y desde las y los trabajadores nucleados en nuestra ATE, la firma del primer convenio colectivo de trabajo para les trabajadores de Incendios Forestales y Emergencias del ámbito nacional de la República Argentina. Sin embargo y a pesar de que “el Gobierno nacional entendió y atendió la demanda y el justo reclamo que nos llevó a un escenario mejor, aún vivimos una situación muy precaria e inestable”, dijeron. 

Actualmente, aproximadamente 400 Brigadistas de Parques Nacionales y 150 del Servicio Nacional de Manejo del Fuego tienen contratos transitorios, con derechos recortados y sin estabilidad laboral, “quedando su contratación al libre arbitrio de la autoridad de turno, debiéndose ratificar cada 12 meses, pudiendo ser despedide sin ninguna causa”. 

“El despido de brigadistas combatientes de incendios forestales es una situación por la que ya se atravesó durante el Gobierno anterior, cuando en 2018 fueron despedides sin causa 81 trabajadoras y trabajadores, en su mayoría en la región Patagonia. Dicha situación fue revertida por nuestra ATE, aunque sólo parcialmente, al inicio de esta gestión de Gobierno”, enfatizaron les delegades. 

El salario inicial de les combatientes es de $110.800  -a abril de este año -y su trabajo implica estar disponible para la tarea de manera activa y pasiva; dispueste para la emergencia las 24 horas del día o para viajar miles de kilómetros de su hogar por 15 días seguidos alejades de su familia.  

Asimismo, “este salario tan magro arroja a las y los trabajadores, en muchos casos, a la búsqueda de un trabajo extra para completar un ingreso que se acerque a las necesidades básicas, situación por la que atraviesan casi el 70 % de las compañeras y compañeros”, detallaron. 

La situación que atraviesan reduce significativamente el descanso, imprescindible en una tarea ardua y riesgosa como las emergencias, con el consiguiente peligro para su integridad y la de las personas, bienes, flora y fauna que deben cuidar.

“La precariedad y falta de estabilidad es un reclamo que continúa desde el mes de septiembre de 2022 sin avances significativos, momento en que fue aprobado el reglamento para realizar los concursos de regularización de empleo”, enfatizaron. 

Por otro lado, el Régimen previsional diferencial para Combatientes de Incendios Forestales, impulsado en 2019 por la senadora García Larraburu, diputados del Frente de Todos y del Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT)  fue aprobado en la comisión conjunta del Senado y por las 3 comisiones por las que transitó en Diputados durante 2022. “A pesar de ese logro positivo -expresaron les compañeres- hoy se encuentra paralizado debido a la falta de voluntad de sectores de Juntos por el Cambio, que niegan su tratamiento”. 

“Las y los brigadistas combatientes de incendios forestales estamos organizados y dispuestos a luchar por un salario, condiciones de trabajo justas y un régimen previsional ajustado a la especificidad y criticidad de la tarea. Es momento de que las autoridades tomen cartas en el asunto y asuman la responsabilidad política que les toca. La preservación del ambiente y de nuestros bienes comunes y un Estado presente requiere de trabajadoras y trabajadores jerarquizado”, cerraron.