Desde el Departamento de Negociación Colectiva y Áreas Temáticas Nacionales, cuyo titular es Flavio Vergara, del Consejo Directivo Nacional de ATE, informamos que el Gobierno nacional dispuso la prestación del trabajo remoto como modalidad laboral “estricta y prioritaria” para los y las trabajadoras del Sector Público Nacional, que abarca a la Administración Central y a los Organismos Descentralizados -comprendiendo en éstos a las Instituciones de la Seguridad Social y entidades públicas no estatales-, desde el lunes 29 hasta el 31 de marzo de 2021 inclusive. La medida se implementó a través de la Decisión Administrativa 280/21, que se publicó hoy en el Boletín Oficial.

Por otro lado, la norma establece que los y las titulares de cada jurisdicción, organismo o entidad encuadrada dentro del universo anteriormente citado determinarán los “equipos esenciales” que deberán realizar sus tareas de forma presencial, cuando se trate de áreas críticas de servicios indispensables para la comunidad y el adecuado funcionamiento del Sector Público Nacional. 

Asimismo, en aquellos casos que se implemente la modalidad presencial para la prestación de servicios, dichos organismos deberán contar con un protocolo por COVID-19, que garantice las condiciones de salubridad del personal.

Los organismos y entidades no comprendidos por la decisión administrativa son: la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); los personales de las Fuerzas de Seguridad Federales; de las Fuerzas Armadas; del Servicio Penitenciario Federal; de salud y del sistema sanitario; del cuerpo de Guardaparques Nacionales Decreto N° 1455/87 y del Sistema Federal de Manejo del Fuego Decreto N° 192/21; la Dirección Nacional de Migraciones; y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

La medida se llevó a cabo como parte de las acciones del Gobierno nacional para frenar el avance del coronavirus en nuestro país. También se invitó a adoptar medidas de similar tenor al Poder Judicial, al Legislativo, a las provincias, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los municipios, y al sector privado.